CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Ante una segunda semana de apasionadas protestas a nivel nacional, la Asamblea Nacional de Panamá casi ha aprobado una nueva ley que revoca un controvertido contrato minero en una parte ambientalmente vulnerable del país.
El proyecto de ley pasó un segundo debate el miércoles por la noche y ahora se enfrenta a una votación final el jueves en la que no se podrán realizar cambios.
La legislatura de Panamá acordó por primera vez una extensión de contrato con la minera canadiense First Quantum y su filial local, Minera Panamá, en marzo. Las protestas resultantes, las más grandes desde la crisis del costo de vida en julio pasado, han provocado una serie de retrocesos por parte del presidente Laurentino Cortizo.
El nuevo proyecto de ley no sólo deroga ese contrato sino que extiende una moratoria sobre todas las concesiones para actividades mineras hasta que se reforme el Código de Recursos Minerales del país.
Antes de que los legisladores debatieran la medida extraordinaria, Cortizo primero propuso un referéndum nacional sobre el contrato. También se presentaron ocho demandas ante la Corte Suprema de Panamá argumentando que era inconstitucional.
Inicialmente no estaba claro cómo las objeciones ambientales persuasivas resultarían contra la promesa económica demostrada de la mina. Es la mayor inversión privada en la historia de Panamá y ya genera aproximadamente el 3% del producto interno bruto del país.
Ahora, sin embargo, las protestas populares se han materializado en serios desafíos legislativos y legales, que empujaron a las acciones de First Quantum a una caída libre del 47% desde que se abrieron los mercados en la Bolsa de Valores de Toronto a principios de esta semana.
Los críticos advirtieron que el uso de una nueva ley para revocar el contrato podría dejar al gobierno expuesto a acciones legales por parte de Minera Panamá. Sin embargo, si la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato, los abogados dijeron que sería anulado sin riesgo de posibles demandas multimillonarias.
Mientras los legisladores discutían, la policía antidisturbios dispersó a los manifestantes alrededor del edificio de la Asamblea con balas de goma y gases lacrimógenos. Más temprano ese mismo día, las enfermeras marcharon hacia el edificio de la Corte Suprema para exigir que los jueces den prioridad a las demandas de constitucionalidad.
El contrato permitiría entre 20 y 40 años más de minería de cobre a cielo abierto en 13.000 hectáreas de tierra boscosa a sólo 120 kilómetros (75 millas) al oeste de la capital, en el estado de Colón. Los ambientalistas sostienen que continuar con la minería pondría en peligro el agua potable y destruiría más bosques.
La mina está “en medio de una jungla”, según el propio contratista de Minera Panamá, Jan De Nu Group. En particular, se encuentra en la parte que le corresponde a Panamá del corredor biológico mesoamericano, una importante ruta migratoria que, según los estudios, contiene hasta el 10% de todas las especies conocidas.
En las últimas dos décadas, Panamá ya ha perdido aproximadamente el 8,5% de su cubierta arbórea total, principalmente debido a la agricultura, según un análisis de imágenes satelitales de Global Forest Watch. Casi la misma cantidad se ha visto afectada por la actividad industrial.
Mientras los manifestantes locales están preocupados por el agua potable, otros defensores dicen que la mina podría amenazar el Canal de Panamá, que ya ha sido llevado por El Niño a su octubre más seco desde 1950.
Mientras que el gerente de Minera Panamá insistió en una carta abierta de septiembre en que cuatro ríos se encuentran entre la mina y el canal, el administrador del canal expresó su preocupación a principios de este año de que sus fuentes de agua pudieran entrar en conflicto.
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