Tegucigalpa, 10 de enero de 2017 (BCIE/AFP SERVICES). La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco, que habilitaron a República Dominicana y Panamá a aumentar su capital social.
Además, las enmiendas dieron lugar a una modificación del estatus de Belice, de país miembro beneficiario a país miembro regional no fundador.
La decisión, que fue aprobada por la Asamblea de Gobernadores y entró en vigor en junio de 2016, busca asegurar que los miembros regionales no fundadores reciban la misma atención que los fundadores y que la estructura patrimonial del Banco refleje la misma gobernanza del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Cuando ingresaron al BCIE, República Dominicana y Panamá (2004 y 2005 respectivamente) contaban con un capital social de US$57,6 millones.
Posteriormente, decidieron aumentar su suscripción a US$256 millones cada uno, lo que se tradujo en un aumento de los pagos de capital en efectivo por un monto de US$98 millones, US$49 millones cada uno. En el caso de Belice, su suscripción de capital asciende a US$25 millones.
Las enmiendas permitirán a República Dominicana y Panamá ampliar los espacios de financiamiento para la ejecución de proyectos de infraestructura económica y social, además de garantizarles un asiento titular en el Directorio del BCIE.
El Gerente Financiero del BCIE, señor Hernán Alvarado, afirmó que las modificaciones contribuirán a lograr la integración regional y son parte de la estrategia de desarrollo que implementa el Banco para consolidarse como el principal proveedor de recursos a la región centroamericana.
El señor Alvarado explicó que el BCIE ha aprobado financiamiento para importantes proyectos de infraestructura y energía renovable en República Dominicana, como el Proyecto Hidroeléctrico Palomino, la Autopista del Coral y la mejora y ampliación del Corredor Vial del Este.
En cuanto a Panamá, las modificaciones al Convenio Constitutivo han permitido aprobar mayor financiamiento para nuevos proyectos con alto impacto en el desarrollo, como la construcción de la Línea 2 del Metro aprobada en 2015 y el Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá en 2016.
Como resultado de ello, el BCIE podrá consolidar su posición financiera y mantener una calificación positiva ante las calificadoras de riesgo internacionales. Asimismo, aumentará su capacidad para atraer mayores montos de recursos en mejores condiciones para financiar programas orientados al cumplimiento de su misión institucional de promover la integración económica y el desarrollo social equilibrado de la región centroamericana.
Actualmente, el BCIE cuenta con las siguientes calificaciones crediticias: Moody's (A1), Standard & Poor's (A), Fitch Ratings (A) y Japan Credit Rating (AA-). Respecto a Fitch Ratings, los factores que influyeron en su evaluación incluyen la estable posición de capital del Banco, políticas de capitalización conservadoras, crecimiento moderado y contribuciones de sus países miembros.
La calificadora también formuló recomendaciones que podrían contribuir a mejorar el perfil de riesgo del Banco, entre ellas reforzar las acciones con menor exposición al sector privado, mantener una sólida cobertura de reservas y reducir gradualmente la concentración de cartera de la Institución. Además, la calificadora indicó que las modificaciones realizadas al Convenio Constitutivo facilitarán la diversificación del riesgo porque promueven el crecimiento del capital, fortalecen el estatus de acreedor preferencial de la Institución y mejoran su gobernanza.
Por su parte, Standard & Poor's (S&P) otorgó al BCIE una calificación de “A” y “A-1” en la categoría de riesgo internacional de largo y corto plazo, lo que refleja el importante crecimiento del Banco en Centroamérica y el fortalecimiento de su relación con sus países miembros. Según S&P, la perspectiva positiva refleja los recientes esfuerzos del BCIE por ampliar su base accionaria, aumentar su capital pagado y diversificar su cartera de préstamos. Las modificaciones entraron en vigor el 9 de junio de 2016.